Las muestras intervenidas, junto con las actas administrativas, han sido remitidas a la Oficina Gestora de Aduanas e Impuestos Especiales, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.
La investigación comenzó a principios del mes de mayo de este año, cuando la Patrulla de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Calp inició una serie de dispositivos preventivos para el control y la detección del uso indebido de gasóleo de tipo B (gasóleo agrícola).
Las inspecciones se realizan mediante la extracción de gasóleo de los depósitos, donde en un primer momento se comprueba a simple vista la coloración del combustible. Una vez comprobada cualquier irregularidad, se extraen las muestras que serán analizadas, se depositan en envases precintados y marcados y se envían, junto con el acta de denuncia, a la Oficina Gestora de Aduanas e Impuestos Especiales, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Los investigadores realizaron la inspección de más de 190 vehículos en diferentes zonas de la Marina Alta y la Marina Baixa, de los que finalmente se identificaron un total de 23 personas jurídicas infractoras. Correspondían a diferentes empresas con sede en las provincias de Alicante, Albacete, Valencia y Murcia.
Las sanciones por el uso de este tipo de combustible, que no está sujeto al Impuesto Especial de Hidrocarburos, como autores de una infracción tributaria grave a la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, varían en función de las características técnicas del vehículo utilizado. Pueden llegar a los 12.000 euros y, en esta caso, se alcanzan los 150.000 euros por parte del total de los infractores.
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