Unidas Podemos ha presentado una moción al pleno para que el Consistorio de Albacate inste a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a cumplir con los compromisos adquiridos en la Conferencia Sectorial de Infancia de 2022 y los nuevos acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial celebrada en Canarias en julio de 2024, para el acogimiento de menores no acompañados/as, así como a aumentar las plazas para la acogida de menores migrantes no acompañados.
De igual modo, pretenden que el Ministerio de Infancia y Juventud continúe promoviendo políticas y medidas efectivas para garantizar los derechos de los niños y niñas migrantes en situación de vulnerabilidad extrema, instando a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a apoyar la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, en favor de una distribución justa y solidaria de los y las menores migrantes no acompañados entre las Comunidades Autónomas".
Con esta moción el grupo albaceteño, según ha informado en nota de prensa, quiere apoyar la Proposición de Ley para la modificación de la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con el objetivo de establecer mecanismos vinculantes y solidarios que garanticen los derechos y el bienestar de la infancia migrante no acompañada en España.
"La situación de emergencia migratoria que afecta actualmente a Canarias, donde cerca de seis mil menores no acompañados se encuentran en estado de extrema vulnerabilidad, es un desafío humanitario que no puede ser ignorado", ha indicado la portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Albacete, María Nieves Navarro.
"Estos niños y niñas, provenientes de contextos de pobreza, conflictos bélicos y desastres climáticos, se enfrentan a un viaje peligroso que deja profundas secuelas físicas y emocionales. La sobrecarga de los recursos del Gobierno de Canarias dificulta ofrecer una atención adecuada, agravando su ya delicada situación", ha explicado.
A su juicio, el principio del interés superior del menor, reconocido tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en nuestra Constitución, es un pilar fundamental que debe guiar la actuación de los poderes públicos en relación con estos menores, estableciendo que "en todas las medidas concernientes a los niños y niñas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial será el interés superior del niño y de la niña".
"Los y las menores no acompañados/as que llegan a nuestro país deben gozar de los mismos derechos y garantías que cualquier niño o niña español. Es responsabilidad del Estado y de las Comunidades Autónomas implementar medidas concretas y efectivas que garanticen su protección y desarrollo integral que tienen que ser coordinadas a nivel estatal y autonómico, a través de políticas solidarias y vinculantes, por lo que imprescindible que tanto las autoridades locales, autonómicas, nacionales como europeas trabajen conjuntamente para dar respuesta a esta crisis humanitaria", ha dicho la portavoz de Unidas Podemos.
De ahñi que Unidas Podemos Albacete abogue por modificar el artículo 35 de la Ley 4/2000, presentada en julio de 2024 por Sumar, PSOE y Coalición Canaria, para corregir las deficiencias actuales del sistema, estableciendo una distribución equitativa de menores no acompañados entre las Comunidades Autónomas cuando se supere el 150 % de la capacidad de acogida en un territorio.
"Esta medida es esencial para aliviar la presión sobre territorios fronterizos como Canarias y Ceuta", ha dicho Navarro, que también ha indicado que dicha modificación incluye un mecanismo de financiación aprobado por unanimidad en la Conferencia Sectorial de 2022, garantizando los recursos necesarios para afrontar el desafío del acogimiento vinculante.
"Lamentamos que esta propuesta no prosperara en la votación del pleno extraordinario del Congreso del 23 de julio de 2024, con los votos en contra del PP, Vox y Junts. Sin embargo, es esencial seguir impulsando esta reforma para garantizar una distribución más justa y eficaz de los y las menores migrantes no acompañados y asegurar su protección jurídica".