A lo largo de mi vida, he utilizado documentos oficiales en los que a las personas con discapacidad se nos nominaba como ‘subnormales’, en los años 70; una década después, fuimos considerados ‘inválidos’; para convertirnos en ‘minusválidos’, en los 90; y ‘discapacitados’, a partir del año 2000.
Tuvimos que esperar hasta 2008, año en el que entró en vigor en España la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que se adoptara este término, que finalmente quedará reflejado en el artículo 49 de nuestra Constitución, si sale adelante la Proposición de Reforma Constitucional que hemos registrado conjuntamente los Grupos Parlamentarios del PSOE y el PP.
Esta reforma da respuesta a una demanda de la sociedad civil y es fruto del empeño y la exigencia del movimiento social de la discapacidad, liderado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Asistiré a ese debate muy ilusionado, porque esta modificación concierne al lenguaje e importa que en nuestra Carta Magna se designe a las personas con discapacidad de manera digna y justa, pero también es esencial por lo que supondrá, pues se recogerá expresamente en la Constitución que los poderes públicos tienen la obligación de impulsar políticas que garanticen la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles.
Precisamente, nunca olvidaré los nombres de Lucía, Alfonso y Natalia. Siempre recordaré sus caras de felicidad cuando, por primera vez, subieron a un columpio. Una experiencia que no habían podido disfrutar hasta que se instaló el primero de carácter inclusivo en Albacete, en septiembre de 2022.
Un gesto tan cotidiano como es subir a un niño o a una niña a un columpio, para muchas personas, lamentablemente, aún hoy es algo extraordinario. Sirva como ejemplo, para contextualizar a que nos referimos cuando afirmamos que los poderes públicos deben comprometerse para garantizar la accesibilidad universal.
Durante el pasado mandato municipal, en nuestra ciudad avanzamos para erradicar las barreras que nos impiden ser iguales, a través del inicio del Plan de Accesibilidad Universal ‘Albacete de las Personas’, que se concibió para que las personas que tienen que convivir con una discapacidad, ya sea física, sensorial o cognitiva, puedan disfrutar de una vida plena en condiciones de igualdad.
El primer paso de este Plan fue realizar un exhaustivo estudio, para identificar las barreras que aún existen en Albacete en todos los ámbitos, tras el que se elaboró un diagnóstico, estableciendo el orden de prioridades para realizar las intervenciones necesarias en calles y edificios municipales, encaminadas a suprimir barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación, que servirá de pauta a seguir en futuras actuaciones y proyectos del Ayuntamiento.
En la actualidad, en España, más de 4 millones de personas conviven con algún tipo de discapacidad; y la Organización Mundial de la Salud reconoce que un 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad. Es decir, 1.200 millones de personas, casi la población total de China.
La discapacidad nos afecta a todos, porque a lo largo de nuestras vidas no estamos exentos de adquirirla o conocer su realidad a través de nuestros familiares o seres queridos.
De ahí que cuando se debata la Proposición de Reforma Constitucional del artículo 49, será un día muy especial para mí, para los más de 4 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país, para Lucía, Alfonso y Natalia y lo será también para el conjunto de la sociedad, porque la manera en la que identificamos a un colectivo afecta a su identidad y autoestima, pero también nos define a quienes la empleamos. Ese día echaremos abajo una barrera más para alcanzar una igualdad real, plena y efectiva, y también nos dignificará como sociedad, porque los nombres que empleamos importan.
Emilio Sáez Cruz/ Diputado del PSOE por la provincia de Albacete
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